El 30 de enero de 2009 se inició una causa, patrocinada por la titular del INADI María José Lubertino (número de expediente 069/2009), en el juzgado número 7, secretaría 14 a cargo del juez Norberto Oyarbide, el Secretario Jorge García Davini y la Fiscalía número 1 del doctor Jore Felipe Di Lello.
El motivo de la misma es investigar, para luego sancionar, una supuesta infracción al artículo 3 de la ley 23592, que condena declaraciones o actitudes xenófobas y discriminatorias.
A través de un extenso escrito se trata de relacionar (maliciosamente) a un sinnúmero de hechos, como pintadas, declaraciones o amenazas de bomba con algunas de las acciones de repudio a la política del Estado de Israel, encabezadas por Juan Carlos Beica y Roberto Martino, dirigentes de Convergencia de Izquierda y la Coordinadora Guevarista, respectivamente.
En ese sentido el juez Oyarbide ordenó la actuación de la División Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la PRF (DUIA)”, la SIDE y la División Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias de la Policía Federal.
Según consta en el propio expediente, la SIDE tendrá que “remitir en carácter de urgencia los antecedentes que pusieran presentar miembros del Partido Político Convergencia Socialista”, y la DUICD, deberá realizar “discretas tareas de inteligencia sobre los hechos denunciados…”
De esta manera el Estado Argentino dio un paso cualitativo hacia la judicialización de la protesta y el aplastamiento de los derechos democráticos conquistados luego de años de dictaduras militares.
Las organizaciones y personalidades que se reclamen democráticas, empezando por los organismos de Derechos Humanos, tienen que repudiar semejante ataque antidemocrático, organizando una respuesta contundente y unitaria.
El motivo de la misma es investigar, para luego sancionar, una supuesta infracción al artículo 3 de la ley 23592, que condena declaraciones o actitudes xenófobas y discriminatorias.
A través de un extenso escrito se trata de relacionar (maliciosamente) a un sinnúmero de hechos, como pintadas, declaraciones o amenazas de bomba con algunas de las acciones de repudio a la política del Estado de Israel, encabezadas por Juan Carlos Beica y Roberto Martino, dirigentes de Convergencia de Izquierda y la Coordinadora Guevarista, respectivamente.
En ese sentido el juez Oyarbide ordenó la actuación de la División Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la PRF (DUIA)”, la SIDE y la División Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias de la Policía Federal.
Según consta en el propio expediente, la SIDE tendrá que “remitir en carácter de urgencia los antecedentes que pusieran presentar miembros del Partido Político Convergencia Socialista”, y la DUICD, deberá realizar “discretas tareas de inteligencia sobre los hechos denunciados…”
De esta manera el Estado Argentino dio un paso cualitativo hacia la judicialización de la protesta y el aplastamiento de los derechos democráticos conquistados luego de años de dictaduras militares.
Las organizaciones y personalidades que se reclamen democráticas, empezando por los organismos de Derechos Humanos, tienen que repudiar semejante ataque antidemocrático, organizando una respuesta contundente y unitaria.
